Hace unos días se publicaba la acción común de los corredores pidiendo a la nueva dirección general de seguros una revisión sobre el análisis objetivo, o lo que es lo mismo, la obligación legal de estudiar al menos tres proyectos para cada seguro que se ofrece.

Aunque Ud. no sea del sector, es fácil comprender que no será lo mismo un seguro para un monitor de yoga de 80 €, que el de un estudio de arquitectura que factura 5 MM €. Incluso para un seguro a terceros de autos, qué sentido tiene cuando por la experiencia diaria y contrastada sabemos que en nuestro elenco de compañías, la que mejor mix garantía / precio la ofrece X o Y. Hasta aquí mi aplauso, pero…

Parece que se nos ha olvidado otro impuesto revolucionario como es la imposición de un defensor del asegurado para cualquier correduría, al mismo nivel que el Banco de Santander o Mapfre. ¿Tiene sentido que siendo la media de trabajadores de una correduría de 2, se esté pagando a una persona o institución por no hacer prácticamente nada?.

Claro que las corredurías podemos cometer un error o lo puede parecer, pero por nuestra cercanía al cliente y sobre todo porque vivimos de él, ya nos las arreglamos de sobra para arreglar los posibles malentendidos o errores. Y en el peor de los casos, no olvidemos que de siempre hemos estado obligados (no me parece mal) a la contratación de un seguro de responsabilidad civil, y eso cuando los seguros obligatorios se podían contar con los dedos de una mano.

Pagar a alguien, para que cada mes de enero nos emita una carta diciendo que no hemos tenido ninguna reclamación, sea mucho o poco, es un absurdo, aunque ya lo hayamos integrado tanto que no suscite controversia. Es un tema que hay que volver a poner en la mesa.