En las últimas semanas dos solicitudes nos han dado un poco de dolor de cabeza. 

Un ingeniero contratado para realizar labores técnicas durante los próximos tres años en Túnez y Costa de Marfil. Un arquitecto que tiene previsto que su actividad el próximo año sea 30% en España y el resto en el norte de África. 

Problema, son españoles y con residencia oficial en España, por lo que muy complicado que encuentren cobertura en los países donde van a ejercer su actividad. Al revés, como fundamentalmente van a trabajar fuera, no les quieren dar cobertura, puesto que de haber una reclamación, la probabilidad de que sea en el extranjero es muy alta. 

Si todavía se tratase de la UE, pues eso ya lo tenemos más controlado, pero fuera de la misma, ¿a saber lo que nos van a costar los gastos de defensa?, que de entrada ya puede ser un siniestro importante. 

Es evidente que las compañías son soberanas a la hora de aceptar o no determinados riesgos, pero creo que deberían darle una vuelta a lo que creo puede ser una realidad creciente, crisis obliga.

 

Para el que le haya quedado alguna duda, si lo conseguimos, pero nos costó más de lo habitual.