SEGURO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES

Me remite un amigo una sentencia de un juzgado de primera instancia sobre este complejo asunto, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión.

Sin entrar en los aspectos concretos del caso, hay que comprender como se desarrolla el proceso promotor por parte de las cooperativas en muchas ocasiones.

Suele ocurrir, que una gestora especializada en cooperativas de viviendas, localice un terreno que entiende desarrollable para un determinado tipo de proyecto, ya sean viviendas en altura, chalets individuales o adosados y busque cooperativistas para sumarse al proyecto.

El proyecto y su posterior desarrollo conlleva unos gastos y se presentan unos bocetos de cómo serán las viviendas y un presupuesto aproximado. Entre otros hay que comprar el terreno, obtener las licencias, urbanizarlo, contratar el estudio geotécnico, hacer el proyecto concreto, etc…..

Pues bien, una vez captados el mínimo de cooperativistas considerado necesario, se inicia el proyecto XYZ, para el cual se acuerda, el desembolso de determinadas cantidades para ir haciendo frente a los gastos iniciales y posterior desarrollo del mismo.

Ahora bien, estamos en la fase de planificación, es decir, no se sabe ni cuándo se va a poder empezar ni exactamente lo que va a durar la obra, ni exactamente calidades (no está hecho el proyecto inicial)….solo es la fase de planificación.

Con el fin de garantizar a los cooperativistas que el dinero que se aporta se destina solo y exclusivamente a este fin, algunas compañías inventaron el denominado SEGURO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES, que garantiza solo y exclusivamente esto. Que el dinero se destina a la fase de planificación. Eso sí, establece que una vez terminada la fase de planificación, la póliza será sustituida por otra de afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta Ley 57/1968, que está si, garantiza la devolución del dinero si la vivienda no se entrega en tiempo y forma, es decir, pasando de la planificación a la ejecución en donde se indica que la obra empieza un día determinado, conforme a un proyecto concreto y se termina en un momento determinable máximo.

En el caso que nos ocupa, como en muchos otros, el advenimiento de la crisis, hizo por distintas circunstancias inviable una serie de proyectos, que no pasaron de la fase de planificación.

Eso no es culpa de la compañía de seguros, si los cooperativistas se quedan en paro y no pueden seguir pagando o los costes pensados se elevan de forma a hacer inviable el proyecto, mientras el dinero pagado se haya destinado correctamente a dicha fase, la compañía no tiene obligación de devolver el dinero y no puede transformar la póliza en una de afianzamiento, pues no se entra en la fase de ejecución.

La situación es comparable a un emprendedor que para financiar su proyecto obtiene capital de distintos accionistas y llegado el momento, este no es viable. Los accionistas perderán el dinero, pero el emprendedor no será responsable si de verdad ha destinado el dinero al lanzamiento de la empresa y simplemente por circunstancias del mercado no ha podido llegar adelante el proyecto.

Ciertamente es un tema complejo, por la aparente sutileza de diferenciar las fases en que se encuentra un proyecto, pero en este caso, la sentencia, a mí entender, es correcta por mal que convenga a los intereses de mi amigo.

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