LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS POLITICOS

Por desgracia nos hemos acostumbrado con cierta frecuencia a que salgan denuncias contra políticos por cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias, apropiación indebida…..

 

Muchas de estas acusaciones son fruto de unas mala forma de hacer política entendiendo que cualquier medio vale para terminar con el adversario, como le sucedió en su día al presidente de Castilla León, Demetrio Madrid o como ha pasado recientemente con el presidente del PP en Canarias.

 

Sin embargo, ¿quién defiende a estas personas?, ¿Quién costea los importantes gastos judiciales que un tema como estos puede implicar?. Cuando son los primeros espadas de un partido, no hay duda, su propio partido es el que se encarga de buscar a los mejores entre sus filas, que le hagan un precio apañadito y a luchar.

 

Pero quien defiende al alcalde o pongamos al líder de la oposición de un pequeño municipio, o de una diputación menor. ¿de verdad se van a tomar el mismo interés?. Y si encima, me he pasado al grupo mixto por la razón que sea.

 

Para evitar estas incertidumbres y dependencias, se ha iniciado en nuestro país, la comercialización de un seguro que cubre estas contingencias entre otras muchas, para este colectivo. Al fin y al cabo, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. No podremos evitar el daño moral y de imagen, pero por lo menos que no arruinen nuestra economía.

 

Más información en www.alfarisk.es, sección ayuntamientos.

LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIOS RESPONDEN CON SU PATRIMONIO PERSONAL

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Existe una realidad poco conocida, incluso por los propios interesados. ¿sabía Ud. que?

Si un Ayuntamiento es condenado por una acción negligente de cualquier persona perteneciente a la administración, incluidos los cargos electos. El Ayuntamiento, en virtud del art. 145.2 de la LRJAP 30/1992, tiene obligación de reclamar dicha cuantía al causante/s.

El ayuntamiento puede y debe reclamar a directamente cualquier daño causado contra los bienes y derechos de la institución, causados por un acto negligente del personal.(art. 145.3 LRJAP 30/1992).

 Los órganos de gobierno deben responder de las reclamaciones por acciones contables, derivadas del Tribunal de Cuentas u órgano autonómico equivalente.

Cualquier ciudadano puede reclamar por la vía civil directamente a un funcionario o cargo electo o de confianza, por perjuicios sufridos por una actuación negligente.

 

Un concejal o funcionario, o el propio Ayuntamiento puede recibir reclamaciones por prácticas de empleo indebidas, acusaciones de acoso sexual o moral de un trabajador, discriminación ilegal, violación de datos personales, libelo, daño emocional, etc….

 

Desde hace muy poco, los ayuntamientos / diputaciones y otras administraciones pueden protegerse de estas contingencias, para más información, ver www.alfarisk.es sección AYUNTAMIENTOS